Las FARC no son una guerrilla que goce de la estima de los colombianos, sus actos y la propia estructura periférica de la guerra la han hecho un enemigo común, aunque sin desconocer la propia responsabilidad del Estado colombiano en la guerra. De cualquier forma y a pesar de su escasa popularidad, las FARC llegaron a la mesa de negociaciones sin ser vencidas militarmente. Debilitadas y arrinconadas como en muchas otras ocasiones a lo largo de su historia, pero no vencidas.

El proceso de diálogos de La Habana que ha llevado casi seis años no fue un juicio, sino una negociación en la que las partes consiguieron sentar un reconocimiento conjunto de las causas estructurales de la guerra y desde allí entablar un dialogo que llevó a los acuerdos para la desmovilización de la guerrilla y su conversión en movimiento político. Como es evidente, la guerrilla no se sentó a negociar como rendirse o en que cárcel de Colombia o Estados Unidos iban a recluirse. La negociación implica en su propia esencia la cesión de las partes para terminar la confrontación y permitir la transformación hacia la legalidad del actor no estatal, mientras que el Estado asume responsabilidades en materia socio económica, y en especial de garantía del Estado de Derecho, esto implica también la protección de los derechos civiles de los excombatientes.

Campaña por el sí y el no

La forma en la que tendrá lugar esa transición y sus requerimientos jurídicos es lo que los colombianos están invitados a validar (o no) a través de su voto en el plebiscito. Los detractores y los partidarios del Acuerdo de Paz ya están iniciando sus campañas. El Gobierno ha abierto la posibilidad a todos sus representantes de apoyar el Sí y desde las instituciones, incluido el Ejército se resaltan los beneficios de la paz. De hecho, el lema del desfile militar en la celebración del día de la independencia fue “la Paz es la victoria”. Un lema acertado que valida la postura oficial al reconocer que por encima del triunfo militar debe anteponerse el fin último de los cuerpos de seguridad y las instituciones de “la preservación o consecución de la paz”.

Por otro lado y liderando los detractores está el expresidente Uribe, su argumento se centra en denunciar la ausencia de penas de cárcel , la amnistía y la posibilidad de que los líderes guerrilleros participen en política. Un discurso simple pero que toca la sensibilidad de muchos colombianos y que plantea que los acuerdos deben volver a la mesa de negociación para endurecer las penas y limitar la participación política de las FARC. Si bien el mensaje busca dar la imagen de que hay una opción sencilla para resolver la inconformidad con el acuerdo, no es tan claro que sea así.

¿Y si gana el No?

Una victoria del No, más allá de validar el discurso de la mano dura, personalizado en la figura del expresidente, no augura beneficios para el país por tres motivos básicamente:

En primer lugar porque en la mesa de diálogos no puede plantearse algo que está en contra del alma misma del dialogo tal como ya se mencionó. La Justicia tal como se ha concebido en el acuerdo puede no ser la ideal, pero es la mejor y la más viable para la situación de Colombia. Anteriores procesos de paz, incluidos el de las Autodefensas, a pesar de contemplar las penas de cárcel tampoco fueron necesariamente más justos o eliminaron del todo la impunidad de las atrocidades cometidas. En este caso se ha primado la verdad y la reparación en detrimento del encarcelamiento, porque la idea es construir las bases para una paz duradera, no un proceso de venganza. Sin mencionar, porque impedir la participación en política de los guerrilleros desmovilizados llevaría a un dialogo sin salidas dado que no daría ninguna opción de transformación a una guerrilla que ha visto, finalmente, que por las armas su proyecto político era inviable. De hecho, ningún proceso de paz en el mundo ha contemplado la limitación de la participación política de los amnistiados.

En segundo lugar porque el postconflicto se ha instalado en el discurso público como una realidad, lo cual permite la movilización de recursos de cooperación, las expectativas favorables de los inversores, y un posicionamiento muy positivo de Colombia en la escena internacional. Si los colombianos no avalan el acuerdo, lo cual sería muy difícil de entender fuera del país, se produciría la paralización brusca de proyectos e inversiones importantes para acabar con las causas estructurales de la guerra. No se puede idealizar pero tampoco desconocer el rédito económico de la paz.

Finalmente porque si ha habido un aspecto complejo en la negociación con la guerrilla ha sido su inmensa desconfianza con las instituciones. Una votación desfavorable, más que transmitir el repudio ciudadano, lo que haría es reafirmarles en su percepción de que la democracia está controlada por poderes arrogantes y que la opción política les ha sido negada relegándoles a la opción armada. Si es difícil explicar el acuerdo al interior de las instituciones y a los ciudadanos, también lo es explicarlo a la tropa guerrillera. El secretariado de las FARC tiene que demostrar la viabilidad de la transformación política y civil a combatientes que en muchos casos llevan toda su vida en la guerra y para ello requiere de respaldo y garantías.

El 2 de octubre Colombia tendrá la oportunidad histórica de decidir una parte importante de su historia. El resultado del plebiscito definirá buena parte de la política pública del país y de las posibilidades de entablar un diálogo con la guerrilla, remanente el ELN y terminando de una vez por todas con la guerra que durante más de cinco décadas ha asolado una gran y olvidada parte del país.