La expectación es grande. Desde el año 2012, cuando se frenó en seco la autorización de nuevas instalaciones, es la primera vez que el Gobierno convoca una subasta a la que pueden concurrir todas las tecnologías "limpias". es lo que se denomina "neutralidad tecnológica". En esquema, las claves de la subasta son estas: se autorizarán 2.000 MW de potencia, ampliables a 3.000, el equivalente a dos centrales nucleares; la ganará quien ofrezca producir más a menor coste por KW instalado y no quien ofrezca el kw más barato; la rentabilidad se revisará cada seis años y la instalación tendrá que estar funcionando como tarde en diciembre de 2019; en caso contrario se ejecutarán las garantías establecidas -60.000 euros por kw inscrito-.

El marco, tras cinco años de parón absoluto, no gusta. Ni a las asociaciones de empresas de energías renovables (UNEF, Appa, Anpier), ni a las asociaciones ecologistas. UNEF tiene la intención de llevar el caso al Tribunal Supremo y solicitar incluso medidas para paralizar la subasta. Cuestionan la subasta porque favorece proyectos que requieren gran inversión -lo que da ventaja al sector eólico, en manos de grandes empresas-; prorroga la inseguridad jurídica al revisar cada seis años la retribución de las instalaciones -según  los estándares fijados por el Ministerio- y favorece la especulación.

Los fondos de inversión, que manejan dinero más barato que los bancos están al acecho; mientras, aparentemente, nadie tiene la seguridad de que el negocio sea estable. En las jornadas informativas celebradas en el Ministerio de Energía para informar a los potenciales interesados, buen número de preguntas -tres cuartas partes, según uno de los asistentes a una de las dos sesiones- versaban sobre la legalidad o no de traspasar el proyecto adjudicado en la subasta. "El ministerio tuvo que admitir que la normativa lo permite" señala un abogado especializado en el sector, asistente a la reunión y que trabaja para varias de las asociaciones afectadas.

Instrumentos financieros

"Efectivamente", confirma el presidente de APPA Fotovoltaica, Jorge González, "muchas intervenciones confirmaban que los proyectos se pueden convertir al final en un puro instrumento financiero o de inversión".

 

 

 

 

El contexto de liquidez fomenta la aparición de inversores con vocación más financiera; hay más actores y eso es positivo. Aunque nos preocupa

Juan Virgilio Márquez

Director general de la Asociación Empresarial Eólica

"La financiación de los proyectos es compleja" admiten en la Asociación Empresariales Eólica y es, en su opinión, uno de los factores que están convirtiendo a los fondos en actores importantes del sector renovable en España y también en toda Europa. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que hay que diferenciar entre "especulación, vinculada a proyectos no adecuados y la aparición de otros actores en el sector de renovables distintos al inversor tradicional". "Es cierto" asegura Virgilio Márquez que "el contexto de liquidez fomenta la aparición de inversores con vocación más financiera; hay más actores y eso es positivo, aunque admito que nos preocupa la mentalidad con la que puedan venir".

La sombra de la especulación, en todo caso, está presente. "Una de las consecuencias de la inseguridad jurídica que se desprende de las decisiones del Gobierno en materia de renovables" asegura el exdirector del IDAE, Javier García Breva " es que todas las instalaciones (renovables) están en venta, hay un aluvión de fondos y no para producir precisamente, sino para llevar a cabo operaciones especulativas".

Subasta y mala gestión

Entre los críticos en el sector, y son legión, se pone como ejemplo de mala gestión y muestra de que el Gobierno no es precisamente prorenovable, el resultado de la subasta limitada que se celebró -solo para el sector eólico y el de la biomasa- en enero de 2016, bajo supervisión del entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Se adjudicaron 700 MW. Forestalia y Grupo Jorge, pertenecientes a la familia aragonesa Samper, se llevaron 510 de los 700 megavatios subastados. Ence se llevó 40 de biomasa y EDP, 90 eólicos. Pero a día de hoy, apenas se ha instalado algún kw.

Forestalia sostiene que es lógico. "Lo que se ha hecho" explica un portavoz de la compañía "es un ingente trabajo administrativo, con solicitud y tramitación de autorizaciones y permisos medioambientales de distintas administraciones". La compañía aún dispone de tiempo para hacer realidad los proyectos. Según los términos de la subasta, hasta la primavera de 2020. ¿Tienen intención de presentarse a la nueva subasta? "Cualquier subasta es una oportunidad" asegura el portavoz.

Para el Gobierno, la subasta es, sobre todo, el medio para cumplir con las exigencias de Bruselas. En 2020, España tiene que alcanzar el 20% de producción de energía con renovables. En estos momentos rozamos el objetivo, pero no lo alcanzamos (17,3% en 2015). De ahí la línea roja para las nuevas instalaciones. deben empezar a funcionar como tarde en diciembre de 2019.

 

 

 

 

No hace (el Gobierno) la subasta por convencimiento de la bondad de las renovables, sino por obligación. Porque obliga Bruselas

Juan Castro-Gil

Secretario de la asociación fotovoltaica Anpier

El Ejecutivo cumple con las renovables, pero no por convencimiento. Las renovables no son santo de su devoción. "El preámbulo de la disposición para convocar la subasta lo dice claramente" asegura el secretario de la asociación fotovoltaica Anpier Juan Castro-Gil. "No hacen la subasta por convencimiento en la bondad de las renovables, sino por obligación. Y lo hacen sin ninguna planificación y sin facilitar proyectos, como podrían, para comarcas en declive".

En plena partida energética, con las grandes eléctricas presionando para mejorar al trato al negocio nuclear que controlan y Bruselas empujando para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, al Gobierno no le ha quedado más remedio que levantar la mano a las renovables. Pero el mal está hecho, expertos como García Breva destacan que la inversión en renovables "ha descendido un 96% desde 2010" y España pierde pie en el ranking mundial de energías renovables.

En enero de 2016 se celebró otra subasta para adjudicar 700 MW, pero sólo para proyectos eólicos y de biomasa. Aquella subasta, bajo supervisión del entonces secretario de Estado, Alberto Nadal, la ganó el grupo aragonés Forestalia. AÉ