El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue el primer ejecutivo del sector que salió de forma ostensible del cerrado coto en el que se movía la patronal eléctrica Unesa. Va a su aire, detecta bien los cambios de etapa y no le importa ir al cuerpo cuerpo cuando es necesario. Lo hizo en su momento con Florentino Pérez (ACS) que le quiso arrebatar la silla en la eléctrica y lo ha vuelto a hacer en la polémica que rodea en España al negocio nuclear.

Galán, que ha logrado teñir a la eléctrica de publicidad verde e identificarla con el desarrollo de las renovables gracias a los parques eólicos, no ve claro el negocio nuclear. El 27 de marzo, apenas unos días antes de que se celebrara la junta general de accionistas de la empresa en Bilbao, donde está la sede social de la compañía, Iberdrola envió un fax a Endesa. En el mismo solicitaba la celebración de una reunión del consejo de administración de Nuclenor (sociedad al 50% con Endesa) para "tratar la presentación del escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña". En otras palabras, el certificado de defunción de la planta más pequeña y antigua de España, que el Gobierno -y las empresas- han utilizado como palanca para hacer posible la extensión de la vida útil de las centrales más allá de los 40 años.

Iberdrola-Galán, con centrales de gas infrautilizadas, con sede en el País vasco -donde hay una fuerte oposición a reabrir Garoña- y con ganas de reverdecer aún más si cabe su marca, presiona al Gobierno. ¿Para qué? Lo dijo el propio Sánchez Galán en la junta general: Garoña, sostuvo "no es viable económicamente", algo que se puede extender al resto de los activos nucleares. Según explicó Galán, esos activos se encuentran en una situación idéntica a Garoña; "se encuentran en pérdidas" y no son viables.

El origen de las pérdidas

El ejecutivo salmantino, que no suele dar puntada sin hilo, apuntó, por supuesto, al origen de esas pérdidas:  los impuestos y las obligaciones exigidas, que absorben el 50% de los ingresos. Galán se apuntaba así a la tesis expuesta a finales de febrero por el nuevo presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago: el Gobierno tiene que bajar cargas al sector si quiere seguir contando con el 20% de la producción eléctrica que aportan las centrales y controlar la  emisión de CO2.

Con el objetivo claro -o menos impuestos o amago de abandono-, Iberdrola ha elevado la presión a su socio Endesa y al Ejecutivo. La vía: el burofax. De nuevo, la polémica se refiere a la vida útil de las centrales. Las de Almaraz (Cáceres) y Vandellós tienen que pedir ampliación para funcionar más allá de 2020. Según la normativa, la solicitud la tienen que plantear los dueños -en este caso Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- tres años antes de que cumpla el plazo. Iberdrola quiere reinterpretar la normativa y que el Ministerio de Energía autorice retrasar la solicitud de ampliación a 2019, un año antes de que venzan los plazos. Se trata de apurar al máximo.

Endesa y su propietario Enel, no está de acuerdo con las tesis de Sánchez Galán. La que fue joya pública del sector energético español, es ahora una pata clave para Enel, empresa controlada por el Estado italiano. Endesa, bien ordeñada vía dividendos, aporta a la eléctrica italiana centrales nucleares fuera del territorio y los proyectos renovables que la española desarrolló, sobre todo, en América Latina.

"No vamos a cambiar de posición" sostienen fuentes de Endesa. Por eso, la compañía va a ignorar el bombardeo de burofax. Ni habrá cambio de posición en Garoña -se precisa unanimidad de los socios para hacerlo-, ni se atenderá la petición para retrasar la toma de postura sobre Almaraz y Vandellós. "Apostamos por el funcionamiento a largo plazo de las nucleares". En consecuencia, sostienen las fuentes consultadas en la compañía que preside Borja Prado, Endesa seguirá los procedimientos establecidos.

En el otro frente, el de Iberdrola, la posición de Endesa y de Borja Prado se explica porque la cuestión nuclear es un asunto de Estado y Endesa se considera un buen enlace entre los intereses del Estado español y los del Estado italiano.

En este contexto, la polémica que rodea Garoña aparece un tanto forzada. En el Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo que ha facilitado con sus decisiones ampliar la vida útil de las centrales más allá de 40 años, se recuerda claramente cómo en el año 2009, tanto Iberdrola como Endesa aceptaban sin demasiados problemas el fin de Garoña. Simplemente, no les salían las cuentas. Ocho años -y cien polémicas después- los intereses han cambiado.

"Garoña" sostiene el diputado de Equo-Podemos Juantxo López de Uralde "trasciende a Endesa e Iberdrola". "Las espadas" señala "están en alto. Las empresas hacen presión para reducir impuestos y yo, lo que espero es que Garoña no vuelva a abrir. Lo contrario sería un disparate".