En la tarde del jueves, estudiantes convocados por la agrupación estudiantil Frente de Estudiantes, que se define como "nacional sindicalista", se manifestaron frente al Ministerio de Educación en Madrid y en otras capitales españolas, y en Barcelona, estudiantes de la Autónoma (UAB) cortaron la vía de Ferrocarrils de la Generalitat a su paso por la estación del campus universitario. Un día antes, el miércoles, la central sindical Comisiones Obreras (CCOO) -cuya Federación de Enseñanza representa a los diferentes trabajadores de centros educativos oficiales- entregó en los parlamentos autonómicos una petición para que "se cumplan los compromisos que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios asumieron durante el periodo preelectoral y electoral [como] la derogación de la Lomce y de las contrarreformas universitarias".

 

 

 

 

El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no se compromete a derogar la Lomce ni reestablecer los 10.000 millones de euros que se han perdido por los recortes

Francisco García

Sec. Gral. - Federación de Enseñanza - CCOO

Entre los incumplimientos electorales que denuncian está que Pedro Sánchez, líder del PSOE, no haya recogido, en el pacto de investidura acordado con Ciudadanos, su promesa de campaña de derogar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y el decreto de reordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, conocido como 'Decreto 3 +2' -ya que rebaja la duración de los grados a tres años frente a los cinco anteriores e introduce dos años de máster (que en el caso de muchas carreras, como abogacía, algunas ingenierías, psicología clínica, entre otras, será de obligatorio cumplimiento si se quiere ejercer profesionalmente).

"El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no se compromete a derogar la Lomce, ni a reestablecer los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis y los 10.000 millones de euros que se han perdido por los recortes, tampoco contempla la recuperación de los 32.000 profesores de la enseñanza pública no obligatoria, ni los 8.000 trabajadores de las universidades públicas", dijo a bez.es el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García.

Por su parte, el más seguido sindicato estudiantil del Estado español, Sindicato de Estudiantes, no participó de esta convocatoria pero sí hizo su propio llamamiento a huelga, para el próximo 13 y 14 de abril. Según esta agrupación, los resultados de las pasadas elecciones generales han demostrado la voluntad de la sociedad española de dejar de lado las políticas del Partido Popular en materia educativa, y también enrostra al líder socialista el abandono de sus promesas, al igual que CCOO.

"El Sindicato de Estudiantes rechaza el pacto de investidura firmado por el PSOE con Ciudadanos, al que consideran una `burla´, ya que no se plantea derogar la Lomce ni el 3+2, ni eliminar la religión de las aulas, ni la recuperación de los millones de euros que han recortado a la enseñanza pública", señala el Sindicato en un comunicado.

La Lomce reinserta la evaluabilidad de la asignatura de Religión y sus asignaturas alternativas en la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), con una nota que contará para la media del curso a la hora de solicitar becas; también permite la segregación por género de los alumnos. Otra de las principales denuncias en este sentido se encuentran que los créditos de másteres oficiales son mucho más onerosos que los de grado, lo cual impedirá que muchos estudiantes puedan obtener el título habilitante si no pueden afrontar los gastos de la maestría.

El pacto entre PSOE y Ciudadanos se compromete a paralizar el calendario de implantación de la Lomce en aquellos aspectos que no han entrado en vigor, pero no se especifica la derogación de la misma.

Contra el encarecimiento de la enseñanza universitaria

Una de las más notables consecuencias del Decreto `3+2´ es es el encarecimiento de la enseñanza universitaria, a través de una ampliación de los créditos para adaptar el sistema español al proyecto Espacio Europeo de Educación Superior (también conocido como Plan Bolonia). Además de que los créditos de máster son más caros que los de grado, ahora también serán más: si un máster en Abogacía pre-Bolonia tenía 60 créditos, hoy exige 90 créditos.

Pero es que además, es obligatorio, ya que es el Plan Bolonia el que establece para algunas carreras la obligatoriedad de llevar a cabo un máster habilitante para ejercer la profesión y la consecuente ampliación de los créditos del mismo, como es el caso del Máster de Acceso a la Abogacía.

Desde la universidad pública señalan que el aumento de precios se ceba con las clases más desfavorecidas, que muchas veces no pueden afrontar un máster que cuesta más de 3.000 euros.

"A una familia humilde la duplicación de precios le puede llevar a no poder afrontar el gasto de un máster", explican desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Por ello, esta universidad ha llevado a cabo un esfuerzo en determinados títulos para que la propia institución afronte la mitad de la matrícula, con lo cual un máster obligatorio como el de Acceso a la Profesión de Abogado puede terminar costando la mitad que en una privada.

 En ejemplos de encarecimiento de la enseñanza universitaria, la Comunidad de Madrid es un buen ejemplo, al igual que lo es por ser la que menos invierte en cada uno de sus alumnos de primaria y secundaria. Por ejemplo, en Madrid, en 2012, la Administración autonómica decretó una duplicación de los precios de los másteres de las seis universidades públicas madrileñas. Un máster de Abogacía en una pública cuesta hoy más de 3.000 euros, y uno de Ingeniería, más de 5.000 euros (ambos el doble que en 2011). 

Ello provocó que, a partir de 2012, el número de estudiantes en la pública se estancara, mientras que el de las privadas continuó subiendo. El nuevo Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes apenas rebajó el precio de estos créditos de másteres un 10%.

Un sistema diezmado

Los cuatro años de Rajoy han dejado un sistema universitario público diezmado: con un 10% menos de los recursos que tenía cuando empezó su mandato.

Si repitiese gobierno es muy probable que no eleve el presupuesto para Educación, ya que no lo contempló en sus propuestas electorales. Comparados con 2011, los Presupuestos Generales del Estado de 2016 muestran un descenso del 13% en Educación, con 2.483,96 millones de euros. Durante los últimos cuatro años, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector educativo han sido despedidos como consecuencia de la aplicación de duros recortes. Éstos también han afectado a las condiciones laborales y retributivas de quienes conservan el empleo (incrementos de jornada, pérdida de derechos, reducción salarial, contratación precaria, etc.) por lo que la reversión de los recortes en educación es imprescindible.

En España, la educación ha sido siempre cautiva de los vaivenes políticos. La primera gran Ley de Educación de la democracia fue la LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que reemplazó la franquista LGE (Ley General de Educación). La LOGSE, aprobada en 1990 por el Gobierno socialista de Felipe González, cambió las etapas educativas y amplió la educación obligatoria hasta los 16 años. En 2002, el Gobierno del PP encabezado por Aznar la derogó y aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en 2002, pero esta no se aplicó. Llegó Zapatero y aprobó la LOE (Ley Orgánica de Educación) en 2006, con la tan polémica Educación para la Ciudadanía, que levantó ampollas en los sectores más conservadores por la inclusión de temas como igualdad o educación sexual.

El Gobierno de Rajoy aprobó la Lomce (también conocida como Ley Wert, por el ministro que la impulsó por encargo del presidente) en 2013. Entre otras cosas, la Lomce eleva en un 10% el ratio alumnos por profesor, provocando las quejas casi unánimes de toda la comunidad educativa: se mire por donde se mire, la elevación de ratio es perjudicial. Así las cosas, podría decirse que desde 2006 ninguna Ley de Educación española se afianza. Y mientras tanto, la calidad educativa de muchos españoles se deteriora.