Por la tarde, en el Teatre Nacional de Catalunya, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, acompañados de todos los miembros del gobierno, han presentado la ley en un acto público titulado "Garantías para la Democracia" que ha servido para lanzar la web Garanties.cat.

Independencia inmediata en caso de victoria del sí

La futura ley, que se debería aprobar a la vuelta del verano y que aún no se sabe quién la firmará, define Cataluña como un "sujeto político soberano" y se fundamenta en los principios internacionales del derecho de autodeterminación, olvidando que estos establecen el derecho de secesión de un territorio solo en los casos de colonialismo, ocupación extranjera, regímenes racistas y desintegración del Estado.

La ley establece que en caso de victoria del "sí" en el referéndum se declarará "dentro de los dos días siguientes" la independencia por parte del Parlamento autonómico, mientras que en caso de victoria del "no" se convocarán nuevas elecciones.

En la ley, que el vicepresidente del Parlamento, Lluís Maria Coromines, ha definido "excepcional" ya que caducará después de la celebración del referéndum, se dispone también la creación de la Sindicatura Electoral -lo que sería la Junta Electoral- que estará formada por cinco miembros designados por parte de la Cámara autonómica entre juristas y politólogos. Asimismo, se afirma que habrá "una misión de observación internacional", que el censo será el mismo que en unas elecciones autonómicas -sin precisar cómo se conseguirán esos datos- y que los ayuntamientos deberán "poner a disposición" los locales, en caso contrario la Generalitat habilitará "locales alternativos".

Resultado vinculante sin participación mínima

Sin embargo, la ley, que basa su articulado en la legislación española de régimen electoral, ya que Cataluña es la única Comunidad Autónoma que no dispone de una ley electoral propia, no establece qué mayoría sería necesaria para la victoria ni la existencia de una participación mínima. Inconcreciones -o directamente chapuzas- que hacen inviable cualquier validez del referéndum, ya que no se cumple prácticamente ninguna de las prescripciones de la Comisión de Venecia, a partir del respeto de la Constitución del pais o de la convocatoria con un año de antelación del referéndum.

Además, por más que Puigdemont y Junqueras hayan repetido hasta el cansancio de que se votará "con todas las garantías", estas brillan por su ausencia. La delicada cuestión de los funcionarios se resuelve amparando en la ley a "todos los trabajadores" que lo querrán hacer "de forma voluntaria". Otras cuestiones, en cambio, ni se mencionan, como la compra de urnas cuya licitación quedó desierta la semana pasada.

Otro acto propagandístico

El independentismo ha decidido jugársela al "todo o nada". Según Puigdemont, "el 1 de octubre no habrá un choque de trenes, habrá un tren que quedará en vía muerta y el otro que continuará la marcha. Incluso si gana el "no", las cosas ya no serán lo mismo". Sin embargo, los de ayer han sido dos actos propagandísticos que se enmarcan en la estrategia independentista de movilizar sus bases durante todo el verano -con la Diada del 11 de septiembre como culminación- en preparación del 1-O. Se ha tratado, una vez más, de declaraciones: no existe, de momento, ningún acto jurídico que sería inmediatamente suspendido por el Tribunal Constitucional.

Y se ha tratado también de cerrar filas tras la crisis del gobierno catalán con el cese del consejero de Economía, Jordi Baiget, por sus dudas respecto a la celebración del referéndum, que ha provocado un revuelo interno en el Partit Demòcrata Europeo Catalá (PDeCAT). Puigdemont sustituyó a Baiget con otro independentista "tibio", Santi Vila, que ha dejado la consejería de Cultura a un cuadro de segunda fila de la exConvergència, Llúis Puig i Gordi.

Catalá: una ley “profundamente antidemocrática”

La reacción del Gobierno central no se ha hecho esperar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tildó el proyecto de ley de "profundamente antidemocrático" y "contrario a la Constitución, al Estatut y a la democracia". El líder socialista, Pedro Sánchez, dejó claro que apoyará a Mariano Rajoy -con quien se reunirá el jueves- contra el referéndum, pero le pidió también que busque "una solución política".

Si las críticas por parte de la oposición en Cataluña han sido generales, el líder de los populares, Xavier García Albiol, ha ido más allá, tachando la ley de "golpe de Estado" que busca la suspensión de la autonomía. Más allá del estilo provocador de Albiol, la idea no estan descabellada. Lo que busca el independentismo, que es consciente de que no podrá celebrar un referéndum vinculante, es la reacción del Estado para convertir el 1-O en una gran manifestación -con o sin urnas- en contra del PP a la cual podrán sumarse también sectores no independentistas. Aumentar la participación, llenar las calles... y poner en un aprieto a los comunes que son fieles en la balanza. Este es el partido que se jugará hasta finales de septiembre.