En medio de una recesión sin precedentes, con un hundimiento económico que aún no parece haber tocado suelo, ambos lados están enzarzados en una gigantesca disputa cuyo desenlace se decide en tres frentes: los tribunales, las calles y los pasillos y salas del imponente Congreso Nacional en Brasilia. Y de momento, la oposición parece llevar ventaja.

Dilma confiaba en que el “fichaje” de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil –el mismo cargo que ella ocupó cuando él era presidente– serviría para reanimar su Gobierno, recuperar el crecimiento económico y, a corto plazo, librarse del proceso de impeachment con el que la oposición aspira a derribar al Partido de los Trabajadores (PT).

“Lula no es el salvador de la patria, pero tiene grandes talentos y puede darle un vuelco al juego”, aseguró este viernes Wadih Damous, diputado del PT, durante una entrevista con corresponsales extranjeros en el Sindicato de los Abogados de Río de Janeiro.

Lula, ministro en pausa

Sólo que el regreso de Lula al Palacio de Planalto, más de cinco años después de traspasarle la banda presidencial a Dilma, está enfrentándose a numerosos obstáculos judiciales. Nada más asumir el Ministerio el pasado jueves, un magistrado “interrumpió” los efectos de su nombramiento al considerarlo una “intervención indebida” en las investigaciones contra el ex mandatario por su supuesta relación con empresas implicadas en escándalos de corrupción.

En cuanto esa medida cautelar fue anulada, entró en vigor otra; y después, más de una veintena de acciones similares por todo el país. Hasta que un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió anular la toma de posesión, de modo que Lula no podrá ejercer formalmente sus nuevas funciones hasta que la Corte tome una decisión definitiva, previsiblemente el próximo 30 de marzo.

Que Lula sea o deje de ser ministro no sólo importa por su posible influencia para asegurar la supervivencia política de su sucesora, sino también porque su propio destino está en juego. Dado que los integrantes del Gobierno sólo responden ante el Supremo, su incorporación al equipo de Dilma puede interpretarse como una forma de huir de lo que la izquierda brasileña califica como “persecución” por parte de Sérgio Moro, el juez que encabeza la Operación Lava Jato contra los desvíos de dinero en Petrobras.

Desde que se supo que Dilma nombraría ministro a Lula, Moro viene divulgando grabaciones telefónicas que parecen respaldar las sospechas de que dicho nombramiento efectivamente buscaba librarlo de las investigaciones. La presidenta, en cambio, asegura que no hay fundamento para tales acusaciones y que sólo pretende “fortalecer” su Gobierno con el “capital político” y la “inequívoca experiencia” de su predecesor.

Manifestación permanente

En el segundo de los frentes, el de las calles, se libra desde hace días una guerra de cifras para ver quién coloca a más gente manifestándose de uno u otro lado. Este viernes, los partidarios de Dilma y Lula consiguieron reunir en todo el país a 275.000 personas, según la policía, y 1,3 millones, según los organizadores, para apoyar al ex presidente investigado y rechazar el impeachment.

Al margen de la diferencia entre uno y otro recuento, se trata de un número meritorio si se tiene en cuenta que el actual Gobierno apenas alcanza el 11% de aprobación en las encuestas.

Sin embargo, esas movilizaciones se quedan pequeñas al compararse con las registradas el pasado domingo para exigir la destitución de Dilma e incluso el encarcelamiento de Lula, de acuerdo con los gritos y las pancartas de los manifestantes más exaltados. Acudieron a la convocatoria más de 3,5 millones, según la policía, mientras que los organizadores elevaron la cifra a casi 7 millones.

Sólo en São Paulo, la mayor ciudad de América y del Hemisferio Sur, las mediciones realizadas por el instituto Datafolha indican que los opositores ganaron a los oficialistas por 500.000 contra 95.000. Es decir, por cada uno que salió a la Avenida Paulista para defender a quienes están en el poder desde 2003, hubo cinco que protestaron para echarlos y abrir paso a un nuevo Gobierno.

Cuenta atrás en el Congreso

Así las cosas, todo dependerá de lo que suceda en el tercero de los frentes: el Congreso Nacional. El proceso de impeachment o impugnación del mandato presidencial se inició a comienzos de diciembre, pero llevaba tres meses paralizado por un recurso al Supremo y no fue hasta el pasado jueves cuando se instauró por fin la comisión especial que debe analizar los argumentos. A continuación votará el pleno de la Cámara de los Diputados y, si dos tercios de sus miembros apoyan la salida de Dilma, la tramitación pasará al Senado para un veredicto definitivo.

Salvo que haya maniobras parlamentarias o nuevas reclamaciones ante el Supremo, se prevé que el proceso en la Cámara concluya entre mediados y finales de abril. Y aunque a la presidenta le basta con un tercio para salvarse, en los últimos días están produciéndose movimientos que apuntan hacia una desbandada entre los partidos de su base aliada, aquellos que ocupan ministerios y a cambio, teóricamente, deberían apoyarla en el Congreso.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si la vuelta de Lula ofrece el resultado esperado por Dilma o si, por el contrario,

Brasil está preparándose para la segunda expulsión forzosa, en sólo 24 años, de un presidente elegido en las urnas. “Es un juego muy difícil”, reconoce el diputado Damous. “Existen grandes probabilidades de que el impeachment salga adelante porque nos enfrentamos a fuerzas poderosísimas. Pero también hay una oportunidad de que no sea aprobado. Lula es un factor primordial”.