Los alumnos, profesores y personal administrativo de las facultades españolas tienen en la figura del Defensor del Universitario un aliado para denunciar cualquier vulneración de sus derechos y libertades. También pueden recurrir a él para que ejerza de mediador en caso de que surja un conflicto entre ellos.
La información sobre expedientes y sanciones al profesorado no sale del ámbito del rectorado
Pero el Defensor solo tiene capacidad para contestar a ellas con recomendaciones o sugerencias de carácter no vinculante. Los resultados de estas reclamaciones se recogen en una memoria anual que elabora cada universidad. Toda la información al respecto queda por escrito y se puede consultar por internet.
Sobre lo que no existe transparencia alguna es sobre la apertura de expedientes informativos al profesorado por presuntas irregularidades cometidas en el entorno académico. Tampoco sobre el resultado de esos expedientes, cuya sanción más grave puede suponer la suspensión definitiva del puesto de trabajo.
La competencia para iniciar una investigación solo la tiene el rector, que posteriormente nombra a un instructor y a un secretario entre los miembros del Servicio de Inspección para la resolución del caso. Todo queda entre ellos y el afectado. Nadie conoce las cifras finales.
Ni siquiera el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con un registro o un informe sobre cuántos profesores universitarios son sancionados cada año. “La autonomía de las universidades españolas es muy elevada”, explican fuentes del ministerio. Para conocer las cifras habría que preguntar facultad por facultad, indican desde Educación.
Los defensores de los universitarios trasladan las quejas más alarmantes ante el rectorado pero los expedientes no se conocen, a no ser que los interesados hablen de ello. “Como Defensor nunca sé cómo acaban los expedientes que se pueden producir en la universidad”, reconoce el Defensor Universitario de la Universidad Carlos III de Madrid, Jose Antonio Moreiro, quien alerta de que estos procesos están “demasiado ocultos” y ni si quiera se recogen en una memoria como hacen los que ostentan su figura.
España, líder en enchufismo y endogamia
Un estudio europeo elaborado por la plataforma de encuestas YouGov y la empresa de cazatalentos alemana Milata KG ha puesto de relieve por primera vez esta realidad señalando a España como líder entre diez países comunitarios en “corrupción universitaria” por delante de Italia, Rumania y la República Checa.
Un estudio europeo revela por primera vez los altos niveles de enchufismo en las universidades
Los graduados universitarios españoles encuestados (518, la muestra más abultada de un total de 5.271) han aprovechado ocasión para denunciar presuntas irregularidades en la admisión de alumnos, la imposición de notas, la concesión de diplomas, incluidos títulos de doctorado, y la contratación del personal docente.
En el día a día universitario, las quejas de los profesores coinciden con las denuncias de enchufismo en la concesión de plazas al profesorado y las de los alumnos ganan en cuestiones sobre el funcionamiento académico. La última memoria anual (curso 2013-2014) de la Defensora Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, la mayor de toda España con cerca de 100.000 alumnos, registró un total de 527 expedientes respecto a los 393 tramitados en el curso académico anterior; de los cuales 465 fueron de los alumnos. De estos, 107 fueron quejas sobre el régimen académico, 78 sobre problemas con los profesores y 73 sobre exámenes y reclamaciones. Los profesores presentaron 10 reclamaciones por los Concursos de Plaza de Personal Docente. Este asunto fue el principal motivo de descontento entre ellos.
Tanto el Defensor de la Carlos III como el de la Universidad de Murcia y presidente de la Confederación Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), José Manuel Palazón, coinciden en contradecir los resultados del estudio europeo en cuanto a los presuntos enchufes en la admisión de los estudiantes. Unos procesos, que ambos aseguran, están muy sujetos a las notas de corte y donde no hay posibilidad de favoritismo.
La necesidad de un cambio en la cultura de comunicación
En los otros asuntos, sí que encuentran controversia. Sobre todo, en la falta de una cultura de comunicación sobre las becas y en la endogamia profesional que "facilita el sistema" y que "lleva muchos años coleando", advierte Palazón.
Uno de los primeros objetivos para cambiar las formas se sitúa en abrir la comunicación para facilitar la competencia
Jose Antonio Moreiro
Defensor universitario de la Universidad Carlos III de Madrid
Los dos defensores universitarios recuerdan que los recortes en presupuesto de los últimos años han paralizado la convocatoria de nuevas plazas de profesores. Pero que, aún así, “se necesita cambiar las formas y abrir la comunicación” de las plazas que se ofertan para fomentar la competencia, apunta Moreiro.
Las plazas de profesorado se otorgan por especialidad, lo que provoca que en muchas ocasiones ya estén adjudicadas a la persona que cumple todos los requisitos cuando sale la convocatoria. No existe un concurso público real.
"En una universidad como la Carlos III que destaca por su búsqueda de la transparencia, uno de los primeros objetivos para cambiar las formas se sitúa en abrir la comunicación para facilitar la competencia", dice el defensor de la Carlos III.
Moreiro también explica que se han dado casos de convocatorias de plazas de profesores o de becas destinadas a los alumnos publicadas un 24 de diciembre por la tarde o en el mes de julio cuando todo el mundo ha abandonado ya la universidad. Sin embargo, la universidad madrileña sí que tiene prohibido admitir a los concursos de plazas de profesorado a las personas que se hayan formado como doctores en los mismos departamentos que ofrecen el puesto sin que el solicitante haya pasado antes por otra universidad, preferentemente extranjeras.
La falta de transparencia se ha visto reflejada en los resultados negativos de la encuesta europea. Esta imagen negativa de las universidades puede lastrar las salidas laborales de los universitarios españoles en el exterior, según advierte Paul Milata, responsable del informe.
Un reglamento de la época franquista
La necesidad de renovar las universidades españolas apremia. La falta de transparencia tiene una de sus causas en la falta de renovación de las instituciones académicas. La más notable es la vigencia del Reglamento de Disciplina Académica, que rige las relaciones en las universidades y que fue aprobado en 1954 bajo la dictadura franquista. Esta ley, donde se establecen las sanciones contra los profesores, los alumnos y los funcionarios que incurran en presuntas irregularidades, "sigue vigente pese a la Constitución", apunta Moreiro.
El texto del reglamento, además de ir encabezado por el nombre de la autoridad llamada "Ministerio de Educación Nacional", sanciona comportamientos como "las manifestaciones contra la religión y moral católica" o "la incitación o estímulo, en cualquier forma de las manifestaciones colectivas de los escolares dirigidas a la perturbación de régimen normal académico y sindical". La ley también regula unos "tribunales de honor" destinados a "conocer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por el personal" del centro que "se limitan a juzgar en conciencia y honor, absolviendo o castigando con la única pena de separación definitiva del servicio". "Han cambiado los nombres a las calles y no van a cambiar esto", se pregunta el defensor de la Carlos III.
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