Profesionalización, eficiencia, eficacia, medición del impacto, índices de verificación, diversificación de fuentes de financiación, modelo sostenible……… y todo ello con motivación, sensibilidad y dedicación. Estas virtudes de gestión organizativa se pretende que posean las Entidades No Lucrativas (ENL), sobre todo, aquellas que trabajan en los ámbitos de la inserción social, cooperación al desarrollo, emergencias, protección a la infancia o lucha contra la pobreza.

Y, en cierto modo, es totalmente lógico que las organizaciones que trabajan en la mejora de las condiciones de vida de las personas más desprotegidas de nuestra sociedad tengan los estándares de calidad más altos posibles, de la misma forma que se espera que lo tengan las empresas u otras instituciones públicas y privadas.

Estas últimas, para lograr desarrollar su trabajo mantienen una estructura compuesta por una serie de departamentos administrativos y de gestión que les permite trabajar para lograr estos objetivos de excelencia. Entonces ¿Por qué hay tanto reparo en que las ENL tengan estas mismas estructuras fuertes que sostengan la organización para desarrollar adecuadamente su labor? ¿Por qué está mal visto que las Organizaciones No Lucrativas estén totalmente profesionalizadas?

Es tristemente habitual comprobar como colaboradores y donantes, tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, exigen que el cien por cien de su colaboración vaya al proyecto finalista, a la acción concreta y que nada "se quede por el camino". O, en el mejor de los casos, se limita el gasto destinado a administración y/o estructura de esa ENL a unos mínimos porcentajes.

Existe una perversa tendencia a identificar el dinero que se destina a la administración interna de una organización cómo un dinero perdido. Afortunadamente en España hay más de tres millones y medios de personas que colaboran con las Entidades No Lucrativas a través de una cuota periódica, lo que habitualmente se denomina socio, y que, en su mayoría, son conscientes que una parte de su colaboración va a la gestión de la organización a la que apoyan. Pero todavía hay un porcentaje, excesivamente alto, que piensa que las estructuras de las organizaciones tienen tendencia a ser ineficaces o poco útiles, sin ningún argumento contrastado que sostenga esta teoría.

En 2013, con motivo de la campaña SOMOS, en la que participaban 35 ONG de todo tipo, tamaño y sector, se lanzó un informe en el que se mostraba que los fondos donados a estas organizaciones tenían un impacto en la sociedad nueve veces superior a su valor. Según este estudio, que se basaba en los datos aportados por las propias organizaciones, por cada euro que recibían como aportación de sus socios, las ONG podían llegar a generar una media de nueve euros de impacto económico a largo plazo en la sociedad.

Había dos razones que explicaban esta ‘rentabilidad’: primero, que trabajan con poblaciones de alto riesgo sobre las que una pequeña aportación puede suponer una gran diferencia. Segundo, porque “tienen los medios y la vocación de trabajar directamente con las poblaciones beneficiarias, identificando a los individuos en mayor situación de riesgo, y trabajando con profesionales altamente comprometidos con su labor”. Entonces ¿Cuál es el problema? No conozco ninguna administración pública, empresa o entidad financiera que no posea una estructura administrativa que permita el desarrollo del trabajo de sus profesionales de una forma adecuada.

¿Tiene razón de ser que las ENL tengan estructuras asentadas? No hay duda que sí. Son instituciones que se dedican a salvar vidas, combatir la pobreza, la marginación o el abandono infantil, por lo que tiene todo el sentido que cuenten con los habituales departamentos de recursos humanos, administrativos, legales, financieros o de captación de fondos, con empleados dignamente remunerados y formados.

Eso sí, debemos exigir que sean estructuras ágiles, transparentes, con dirigentes honestos y comprometidos con su misión. Y los financiadores, ya sean públicos y privados, tienen el derecho y el deber de solicitar la información justa y necesaria que justifique el uso de esos fondos.

Si buscamos entidades profesionales que tengan mayor capacidad de innovación, con proyectos de cambio social, y que puedan asegurar su sostenibilidad económica, no debemos limita su estructura por un prejuicio sin fundamento.