De hecho, esa es la solicitud expresa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como se denomina a los partidos de oposición. El líder de la coalición y excandidato presidencial frente a Hugo Chávez y Maduro, Henrique Capriles Radonski, ha expresado la necesidad de que el referendo consultivo se realice en 2016. “Si el revocatorio no se hace este año no tiene sentido. Todos los problemas que viven los venezolanos deben ser solventados rápidamente. La escasez de alimentos, medicinas y la inseguridad deben tener un final rápido”, declaró el dirigente político.

Pero el sentido del revocatorio para la oposición también radica en la necesidad de sacar a Maduro del Palacio de Miraflores (palacio presidencial), sin dejar tregua a que su gabinete ministerial pueda representar algún tipo de traba para el eventual cambio Gobierno.

La Constitución permite la posibilidad de que, aun revocando el mandato de Maduro, el chavismo siga en el poder y eso es justo lo que quiere evitar la oposición. Mientras, el Gobierno apuesta todo a esa jugada.

El artículo 233 de la Constitución venezolana establece que cuando se produzca una “falta absoluta” del presidente en los primeros cuatro -de seis- años de su mandato, se irá a un nuevo proceso electoral dentro de los 30 días siguientes de ser revocado. El electo completará el periodo presidencial del destituido. Durante este proceso de elecciones el vicepresidente, en este caso el chavista Aristóbulo Istúriz, quedaría a cargo del país.

Sin embargo, el mismo artículo establece que si la falta absoluta o revocatoria se hace los últimos dos años de mandato, sería Istúriz quien quede al frente de Venezuela hasta 2019, cuando culmina el período constitucional y se convoca a los nuevos comicios reglamentarios.

Dilaciones

La semana pasada la MUD pudo recolectar la primera tanda de firmas que exige la legislación venezolana para solicitar un revocatorio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre jueves y viernes la oposición recogió casi 2.500.000 rúbricas del venezolano de a pie, que considera que Maduro debe salir de Miraflores antes de terminar su mandato. El número requerido de manifestaciones de voluntad era 197.978 firmas.

Pero para llegar hasta este punto, que apenas es el primero de trece pasos, la MUD tuvo que presionar al CNE, que tardó dos semanas para entregar el formato de formularios con el que se recogieron las firmas. La solicitud se hizo el pasado 12 de abril y no fue hasta el 27 del mismo mes cuando el CNE respondió. “El CNE no trabaja bajo presión”, dijo la rectora Sandra Oblitas, después de que diputados opositores se encadenaran en el sitio, de que la Guardia Nacional y militantes chavistas atacaran a los periodistas que cubrían el encadenamiento y de que la oposición anunciara una marcha nacional para solicitar los formularios.

El secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, denunció una “clara parcialización del CNE, próxima a los intereses del Gobierno”. Torrealba, además, ha sacado a relucir el pasado de tres de las cuatro rectoras del poder público, quienes hicieron vida política dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el partido de Maduro.

El plazo otorgado para recoger las manifestaciones de voluntad fue de 30 días, pero desde el momento en el que recibieron los formularios, la oposición dijo que esta misma semana tendrían todas las firmas requeridas.

Durante este último fin de semana, la MUD solo alcanzó a auditar 1.850.000 firmas, pues entregó temprano este lunes 80 cajas con las rúbricas, sin que nadie estuviera enterado. Una fuente opositora explica que había un plan del Gobierno para desarrollar un escenario de violencia el martes, cuando habían anunciado que entregarían las firmas al CNE. “La idea era que hubiese violencia y represión para destruir la mayor cantidad de cajas que pudiesen”, confesó el informante opositor.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que este miércoles comenzaron con la contabilización de los formularios y se demorarán hasta el lunes. Posteriormente vendrá la auditoría técnica para analizar si las manifestaciones de voluntad son fidedignas y, con ello, cada venezolano que firmó debe ir a validar su huella dactilar. La norma electoral establece que el CNE tiene cinco días continuos para revisar y dar respuesta, pero según la portavoz oficial este plazo se extenderá.

En este proceso, el Gobierno ha aprovechado para amenazar con despidos a quienes quieran revocatorio y trabajen para la administración pública. “Una revolución se hace de revolucionarios, si hay funcionarios públicos que hayan firmado en esa lista tienen que salir de sus cargos”, dijo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, pese a que Maduro aseguró que no habría ningún tipo de coacción a quienes hayan firmado.

Dentro del chavismo ven muy probable que Maduro salga del poder, por ello el propio Jefe de Estado está pidiendo prerrogativas. Por ejemplo, el pasado fin de semana solicitó más tiempo para construir más viviendas en los sectores populares. “Sí se puede Venezuela y necesito es tu apoyo. Y necesito tiempo… El revocatorio no es una obligación, es una opción”, enfatizó.  

Y como tiempo es lo que necesitan en el Gobierno, Cabello también puso en duda un proceso electoral en 2016. “Nosotros, de acuerdo con lo que se ha hecho, sabemos que para este año no hay tiempo ni manera de hacer ese referendo, ni una sola posibilidad”, manifestó

La fecha exacta

Existe una disputa sobre cuándo es la fecha exacta en la que Maduro cumple cuatro años en el poder. El 10 de enero de 2013 en calidad de vicepresidente, tomó la jefatura de Estado, en sustitución del fallecido Hugo Chávez, que en ese momento estaba enfermo, en Cuba e indispuesto para asumir el cargo.

Sin embargo, tres meses después, el 18 de abril, Maduro tomó posesión formal de la Presidencia tras haberle ganado por menos de 200 votos a Capriles. Para el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, el cuarto año de mandato se inicia el 10 de enero de 2017. "El presidente Nicolás Maduro cubrió con la elección presidencial en abril del año 2013 la vacante absoluta debido a la muerte del presidente Hugo Chávez, por lo que el período constitucional 2013-2019 se considera iniciado el 10 de enero de 2013, como lo avala una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 09 de enero de 2013.

El jurista aseguró que cualquier retraso del CNE durante este mes podría comprometer la realización del revocatorio este año.

Haro ratificó que si se llega al cuarto año del período presidencial podría realizarse el referendo revocatorio pero la consecuencia, en caso de que Maduro pierda el revocatorio, no sería una convocatoria inmediata de elecciones sino la continuación del Gobierno en manos del vicepresidente de la República. Incluso, si Maduro decidiera renunciar a la presidencia el año que viene, antes de medirse con la oposición debido a su bajo índice de popularidad, de igual forma quedaría Istúriz u otro dirigente chavista en la vicepresidencia.

Finalmente, el abogado calificó de negligente e irresponsables los retrasos del CNE y cree que esto evidencia la posición política de cuatro de los cinco rectores del organismo que, a su juicio, siempre favorecieron a Chávez en su momento y ahora a Maduro.