Todo ello se consiguió con las reformas impulsadas con el Pacto de Toledo. Por eso, resulta complicado iniciar un debate de estas características en plena campaña electoral, dados los riesgos de electoralismo y enfrentamientos partidistas, como bien se ha puesto de manifiesto estos últimos días. Como ya he escrito aquí en otra ocasión, una reforma del sistema de pensiones debe contemplar los gastos (qué prestaciones hay que incluir) y los ingresos (cuáles son las fuentes de financiación).

En segundo lugar, una nueva reforma debe ser coherente con la dinámica histórica del sistema de seguridad social, no podemos dar bandazos, ni dejarnos agobiar por artículos de prensa o informes muchas veces teledirigidos por intereses del sector empresarial o financiero. No podemos olvidar que el sistema de seguridad social representa en torno al 10% del PIB y afecta a más del 20% de la población, por lo que sería una grave irresponsabilidad adoptar medidas precipitadas y/o poco solventes.

Gastos

En lo que se refiere al ámbito de los gastos, creo que ha llegado el momento de plantearse que las actuales prestaciones de viudedad, orfandad e hijo a cargo deberían ser consideradas como inmersas en políticas de apoyo a las familias y no como prestaciones de la seguridad social, que deberían ceñirse a prestaciones relacionadas con la vida laboral de las personas y por tanto a la jubilación y a la invalidez (temporal o definitiva).

Si lográramos consenso en esta cuestión, habríamos avanzado mucho en el rediseño y modernización del sistema de protección social español, aunque no oculto que no es fácil que un Gobierno se atreva a ello, con la demagogia que desde la oposición política o de diversos sectores sociales se puede hace, por ejemplo, con el tema de las pensiones de viudedad; de ahí la importancia del consenso político y social.

Si en nuestro sistema general de protección social de carácter público diferenciásemos apoyo a la familia por un lado y cobertura de contingencias por jubilación o invalidez por otro sería mucho más sostenible la financiación del sistema de pensiones y los sistemas actuales podrían definirse con mucha mayor precisión al conocerse con bastante aproximación el desarrollo de las carreras laborales y la evolución del mercado de trabajo a medio y largo plazo. Es evidente que siempre habrá factores difíciles de ponderar, como una crisis de la duración e intensidad como la actual y sus efectos en el empleo y los salarios, pero también hemos dispuesto en estos años de un instrumento como el Fondo de Reserva que ha jugado un papel decisivo y que puede y debe  perfeccionarse.

Ingresos

A la hora de hablar de financiación de un sistema de pensiones reformado (jubilación e invalidez), antes de avanzar en cambios en el sistema de financiación, revisaría a fondo la importantísima red de bonificaciones, reducciones, exenciones... que lastran severamente los ingresos del sistema y cuyos beneficios en la creación o mantenimiento del empleo nunca han estado contrastados con rigor.

En segundo lugar, mejoraría la persecución del fraude en las cotizaciones, bastante extendido en las pymes y en el sector servicios, así como la lucha contra la economía sumergida, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo. Para todo ello, ademas de voluntad política, que es muy dudoso que se tenga, resulta imprescindible dotar a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo de poder legal efectivo y disuasorio, medios técnicos adecuados y personal suficiente. 

A partir de la adopción de estas medidas y en función de la consecución o no de suficiente financiación, no descartaría proponer una moderada subida en algún punto en la cotización de los trabajadores, que pudiera escalonarse en dos legislaturas.

Quedaría la financiación de las políticas de apoyo a las familias, con la inclusión de las prestaciones de viudedad (que en mi opinión en todo caso exigirían un replanteamiento a fondo, aunque fuera a medio plazo), las de orfandad, hijos a cargo, de integración de las personas con discapacidad y de atención a la dependencia. La financiación de este ámbito de protección debería ser íntegramente cubierta por los Presupuestos Generales del Estado y considero que mejor que establecer impuestos especiales o específicos, que pueden generar incertidumbre y riesgos de insuficiencia, deberían ser financiados por el sistema fiscal ordinario, lo que por supuesto requeriría una reforma fiscal que garantizase mayores ingresos y un diseño nítidamente progresivo, situándonos en el plazo de dos legislaturas en la media de la presión fiscal existente en los países mas avanzados social y económicamente  de la Unión Europea.

En definitiva, reformas hay que hacer, pero no de cualquier manera y menos anunciarlas persiguiendo un titular en los medios en plena campaña electoral.