Después de que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes haya rechazado hasta por cuatro veces el proyecto de reglamento electoral remitido por la Federación, por no ajustarse a la orden que regula estos procesos, la Asamblea General del organismo federativo, que preside Ángel María Villar, ha tensado la cuerda al decidir llevar este asunto a la vía judicial si el CSD rechaza de nuevo la última propuesta aprobada.

La idea original de Villar era la de aprovechar el acto para haber convocado las elecciones aún sin tener el visto bueno del Consejo, apoyándose en el respaldo de los miembros de la Asamblea, pero la advertencia del CSD sobre las posibles consecuencias y sanciones que podría conllevar este hecho, hizo que al final no diera ese paso, limitándose a volver a aprobar el mismo reglamento electoral y a anunciar el traslado del caso a la vía Contencioso-Administrativa.

Discrepancias entre la RFEF y el CSD

El asunto se ha enquistado por la falta de sintonía personal entre Villar y el presidente del CSD, Miguel Cardenal, que parecen incapaces de buscar una solución a un conflicto en el que cada uno de ellos tiene sus aliados y sus oponentes. Desde el bando federativo se acusa de intervencionismo al Consejo, que se defiende con el argumento de estar obligado a hacer cumplir la nueva orden ministerial publicada el pasado mes de diciembre, que modificaba la de 2007. Villar y los suyos han pedido que intervenga el ministro del ramo, Méndez de Vigo, que de momento ha dado la callada por respuesta.

En el Consejo están convencidos de que Villar ha ido retrasando deliberadamente el proceso electoral a lo largo del año, enviando reglamentos que incumplían la ley en varios puntos, con el fin de ganar tiempo hasta que llegaran las elecciones a la UEFA del pasado mes de septiembre. Si era elegido presidente del organismo continental dejaría la carrera electoral a la Federación y si no era el caso, como finalmente ha ocurrido, siempre podría volver a optar a un cargo en el que lleva desde 1988.

Punto controvertido del reglamento

De hecho, la mayoría de los puntos de discordia que provocaron la no aprobación de las anteriores propuestas de reglamento electoral enviadas por la Federación al Consejo se subsanaron, curiosamente, en la última, remitida el 22 de septiembre, excepto en un punto que es actualmente el que impide su aprobación y que tiene que ver con la representación que deben tener los distintos sectores del fútbol en la asamblea donde se celebre la votación, reducida de 180 a 140 miembros por propia voluntad federativa.

En concreto las discrepancias vienen porque el CSD considera que dentro del colectivo de 32 futbolistas que tienen derecho a estar presentes hay que separar a los 13 que representan a los profesionales, que se elegirán en una circunscripción única, y a los 19 no profesionales y que estos últimos deben ser elegidos en circunscripción estatal al no llegar al número de 29 que marca la ley, con el fin de guardar unas normas de proporcionalidad, evitando, por ejemplo, que Ceuta, con 26 deportistas, tenga la misma representación que Andalucía, que tiene 1.240.

Frente a esto, la Federación cree que deben contarse un total de 36 futbolistas, sumando los cuatro de fútbol sala, por lo que al ser un número mayor a 29 la elección debe hacerse a nivel autonómico, otorgando un representante a cada una de las 19 circunscripciones. Y argumenta que en pasados procesos electorales se ha hecho así y que el Consejo ha hecho algunas excepciones a la norma en federaciones como Ciclismo y Natación, además de preguntarse por qué el CSD no había hecho mención a este asunto de las circunscripciones en las anteriores propuestas de reglamento enviadas a lo largo del año. A esto último responde Cardenal que hasta septiembre no les remitieron los datos sobre la distribución de asambleístas por circunscripciones para poder emitir su dictamen.

Un problema parecido ocurre con los clubes, ya que la Federación entiende que Ceuta y Melilla deben tener un club aficionado que represente a cada una, mientras que el Consejo defiende que la ley establece que deben ir en una circunscripción agrupada al no tener un número suficiente.

Enemigos y aliados de Villar

La dura batalla por este aspecto da a entender que puede ser importante en el futuro resultado de las elecciones, a las que también tiene intención de presentarse el que ha sido secretario general de la Federación hasta el pasado martes, Jorge Pérez, destituido en la asamblea por Villar después que, al igual que hizo el CSD, avisara de los efectos que tendría convocar las elecciones sin un reglamento aprobado, y el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE) Miguel Galán, que denunció hace unos meses a Villar “por un presunto delito continuado de prevaricación” al retrasar la fecha de las elecciones. El presidente de la Federación tuvo que declarar ayer viernes por este proceso durante hora y media en un juzgado de Majadahonda.

Enfrentado al presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, a quién le puso este año una querella por prevaricación desestimada por los tribunales, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, a sus presumibles rivales en los comicios, cuando tengan lugar, Miguel Galán, y Jorge Pérez, y parece que sin el firme apoyo que en otras épocas le ofrecía la FIFA a través de Blatter, a Villar le queda el respaldo del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que en la Asamblea de la Federación de Fútbol criticó “a los que intentar dominar el fútbol español sin estar aquí”, el del presidente del sindicato de los futbolistas, Luis Rubiales, uno de los que apostaba por haber convocado las elecciones el pasado martes, y el de los presidentes de las territoriales que, por convencimiento o por obligación, siguen apoyando sus tesis.

Teniendo en cuenta que la vía judicial puede tardar bastante tiempo en ofrecer una solución, a no ser que apruebe una solicitud de suspensión cautelar, solo cabe la negociación, sino directamente, sí a través de mediadores para llegar a un punto de encuentro entre las partes. La alternativa, que el Consejo inicie una posible acción por la vía civil y que los órganos de la justicia deportiva, véase Tribunal Administrativo del Deporte, promuevan la inhabilitación de Villar.