El caso del Canal de Isabel II es una bomba de corrupción. Pero en ningún caso improvisada. Las denuncias por la mala gestión de la compañía vienen de atrás. De muy atrás. En febrero de 2015, infoLibre daba cuenta de que la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la implicación de varios directivos de la empresa pública en casos de corrupción. Se referían entonces a Gerardo Díaz García, exgerente de Hispanagua y gerente de Canal Gestión Lanzarote, implicado en la operación Tosca por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos. También mencionaban a José Manuel Serra, encargado de la información financiera del Canal e implicado, desde diciembre, en el caso Bankia.
La combustión lenta de la basura en una empresa pública con un presupuesto de 1.000 millones y 2.000 empleados empezó hace una década
Se abrieron diligencias y la mecha empezó a arder. En realidad la combustión lenta de la basura en torno a la gestión de una empresa pública con un presupuesto de 1.000 millones y 2.000 empleados, había empezado antes. En 2007, el periodista Manuel Rico ya había comentado la implicación del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en adjudicaciones polémicas relacionadas con el Canal. En ese estado de sospecha y acusaciones, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, decidió avivar la mecha en julio de 2016. En ese mes, el consejo de administración del Canal de Isabel II -al que la propia Cifuentes había pertenecido entre 2012 y 2014- decidió poner en manos de la Fiscalía, de forma oficial y con denuncia, una más que sospechosa operación de una de las filiales de la empresa pública.
Documentación y Fiscalía
La documentación remitida a la Fiscalía incluía los expedientes de una de las operaciones más polémicas del Canal, que se fraguó mediante un complejo entramado financiero en octubre de 2013, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mano derecha, el consejero Salvador Victoria, ejercía la presidencia del Canal. La denuncia, que permite ahora a Cifuentes aparecer como protagonista del combate contra la corrupción, cuestionaba adquisición por el Canal de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes, una firma cuya valoración cayó en medio año de 21,4 millones a apenas cinco millones de euros. La operación se realizó a través de una sociedad pantalla radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que en realidad carecía de actividad.
Cifuentes, enfrentada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, mentora e impulsora de la carrera de Ignacio González, se marcaba un tanto y denunciaba prácticamente al mismo tiempo los hechos que Anticorrupción convertía en querella ante la Audiencia Nacional por los mismos días. La presidenta lograba soltar lastre y desvincularse -al menos ante la opinión pública- de un núcleo de corrupción en el que trabajó sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor; de paso, propinaba una sonora bofetada política a su antecesora en la Comunidad y en el PP madrileño.
Al contrario, Aguirre, cercada por los "casos aislados" de notorios corruptos, queda cada vez más como la clave de un arco que se derrumba por el peso de los legajos judiciales. Aguirre, en definitiva, aparece como gran responsable del insoportable ambiente de corrupción en el PP madrileño por elegir como sus tres personas de máxima confianza, en la última década y media, a Ignacio González, Francisco Granados (en la cárcel por el caso Púnica) y Alberto López Viejo (imputado por el caso Gürtel).
La presidenta madrileña, a pesar de su desmarque, tendrá que hacer frente a una cierta agitación política
Cifuentes compareció ayer ante los medios, en la sede del Gobierno regional (en la Puerta del Sol) para informar sobre la detención de González. En una breve declaración, Cifuentes destacó que desde su Gobierno están "colaborando absolutamente con la justicia". Destacó que en julio de 2016 pusieron en manos de la Fiscalía una información referida al Canal de Isabel II y abogó por la "tolerancia cero con la corrupción".
La presidenta madrileña, a pesar de su desmarque, tendrá que hacer frente a una cierta agitación política. Sus aliados en el Gobierno regional, Ciudadanos, no atenderán la llamada al levantamiento, en forma de moción de censura, que ha realizado Podemos. Pero sí harán gestos para marcar también distancia con los populares.
El gesto de Ciudadanos
En esta línea, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado la decisión de su grupo parlamentario de solicitar la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación sobre corrupción política al estar "convencidos de que tiene muchas explicaciones que dar".
"Hemos decidido llamar a comparecer a Cristina Cifuentes a la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid porque nos parece absolutamente inaceptable, bochornoso, que un expresidente de la Comunidad de Madrid haya resultado detenido por una serie de delitos, como por ejemplo que sea el responsable de una organización criminal dentro del PP", ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios en la Asamblea.
"Estamos convencidos que tiene muchas explicaciones que dar porque ella al fin y al cabo fue miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II en los años en los que Ignacio González era también presidente del Canal de Isabel II y teniendo en cuenta que es presidenta y puede tener acceso a toda la información y documentación", ha explicado, al tiempo que ha reclamado explicaciones a Cifuentes "como presidenta de todos los madrileños".
