Poco tiempo ha durado el decreto de excepción declarado por Nicolás Maduro. Apenas un día después de firmarse el decreto en sesión especial, la Asamblea Nacional bloqueaba la medida alegando que el presidente venezolano desconoce la Constitución nacional "y el dolor de los venezolanos, de las familias que pierden el tiempo haciendo colas y el voto de los venezolanos el 6 de diciembre".

Así lo ha asegurado el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea, Julio Borges, quien ha señalado que su intento "viene a agravar las cifras de pobreza, costo de vida y violencia en el país", tal como recoge Europa Press.

El pasado viernes, Maduro declaró la anunciada extensión del decreto de emergencia económica con el fin de "proteger al pueblo de los constantes ataques de la derecha" hasta finales de año. No obstante, tras oficializarse este lunes, la medida ha durado sólo unas horas.

¿En qué consistía la intención de Nicolás Maduro?

Los CLAP son organizaciones conformadas por asociaciones de vecinos chavistas (consejos comunales) que se encargan de vender los alimentos casa por casa en cada comunidad. A raíz de las interminables colas y los constantes conatos de saqueo que hay en Venezuela por la falta de alimentos básicos, Maduro decidió que sus partidarios se encargarían de repartir la comida en cada barrio venezolano.

Esas instancias surgieron hace apenas un mes y con el decreto de excepción y emergencia económica también tendrían las mismas responsabilidades que las Fuerzas Armadas o los cuerpos policiales, según establecía el epígrafe nueve del artículo dos del Boletín Oficial que salió publicado este lunes. La medida podría ser peligrosa en una sociedad cuyos niveles de crispación van en aumento, donde la Fiscalía General de la República ha contabilizado 20 linchamientos desde el año pasado por parte de vecinos enardecidos frente a presuntos delincuentes.

El sociólogo Francisco Coello ya advirtió que esto podría ser un boomerang para Maduro, pues “ante la descomposición de la Fuerza Armada y todos los organismos de seguridad la gente seguirá defendiéndose en las comunidades y esto podría salirse de control”.

Consideró que las comunidades tendrían luz verde para continuar linchando a quienes ellos consideren, pero además podrían amedrentar al que opine distinto. “Esto es la copia del modelo cubano para generar miedo, represión y confusión, porque los disidentes del Gobierno tendrán más temor ante lo que ocurra en su entorno inmediato, podrán ser reprendidos por sus iguales chavistas y además estarán confundidos con el rol de las autoridades policiales”.

El mejor ejemplo de las comunidades politizadas y fuera de control está en la red social Youtube, en un documental cubano que se titula Gusano, donde un colectivo comunista hostiga y amedrenta a un disidente por reunirse con una ONG extranjera. En Venezuela los gusanos son los escuálidos u opositores. Coello cree que la estrategia de Maduro es amedrentar al ciudadano común que está dispuesto a revocarlo.

El criminólogo Javier Gorriño opinó que Maduro, con esta medida, está jugando a la desinstitucionalización de sus propios organismos de seguridad lo que generará en un futuro inmediato más anarquía, aseguró. “Estamos volviendo a los tiempos primitivos”, sumó.

Pero además de imponer orden, las CLAP son ratificadas en el decreto como los organismos que repartirán los pocos alimentos que importa el Gobierno en las comunidades más pobres de Venezuela. El tercer epígrafe del artículo dos faculta a estas organizaciones a “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos”.

Pudiera ser un alivio no tener que ir más a los supermercados a hacer colas de hasta ocho horas, para obtener uno o dos productos de la canasta básica, sin embargo, esto dificulta cuando gran parte de los consejos comunales priorizan la filiación política de las familias de su comunidad, antes que la necesidad de obtener alimentos.

En el barrio La Mata de Charallave, una población a 40 kilómetros de Caracas, dos familias que viven con menos de 30 dólares mensuales denuncian que los CLAP de su sector ya han repartido las bolsas de comida en dos oportunidades y en ninguna les ha tocado a ellos. “Nosotros nos censamos y estamos esperando porque ya en Mercal (cadena de mercados del Gobierno) no hay nada para comprar pero como no nos gusta Maduro nos han apartado”, dice la señora Carmela González, madre de cinco niños, ninguno escolarizado.

El contrario es el objetivo

El estado de excepción iba directo en contra de la disidencia política. De hecho, en las justificaciones del decreto mencionaba a la oposición en ocho de los 11 parágrafos del documento. El abogado constitucionalista, Manuel Pérez Rojas, aseguraba que con éste se estaban violando derechos políticos de manera flagrante al limitar la posibilidad de manifestaciones públicas.

Y es que el artículo 6 del decreto, establecía la “preservación de la paz y el orden público”, lo que, según el abogado, le da discrecionalidad al Gobierno para decidir quién protesta y quién no. 

La semana pasada, aún sin decreto, una manifestación opositora fue reprimida por la Policía Nacional, quien impidió el paso de políticos y demás actores de la sociedad civil hasta el CNE.

Por otro lado, el estado de excepción también limita a las ONG, pues ahora la Cancillería tendrá la potestad de investigar con qué entidades internacionales se reúne cada asociación. Inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la facultad de cortar cualquier tipo de financiamiento foráneo que beneficie a las organizaciones no gubernamentales “cuando se presuma que esa relación es utilizada con fines políticos o de desestabilización de la República”, dice el boletín oficial.

Entretanto, la Asamblea Nacional (Congreso) quedó relegada de controlar a los ministros, darles un voto de censura y solicitar su remoción, tal como está establecido en la Constitución. El epígrafe siete del artículo dos del decreto faculta a Maduro para suspender cualquier sanción política de funcionarios del Alto Gobierno a su conveniencia.

Números resquebrajados

El Ministerio de Finanzas, de no haberse revocado la medida, podría haber la circulación de efectivo y transacciones bancarias, según lo establece el artículo cuatro del estado de excepción, aunque desde hace más de cuatro meses el Gobierno ha limitado la liquidez de la banca privada para privilegiar a los bancos estatales, según el economista Luis Oliveros. “En el país de la colas vemos como todos los días hay filas de más de 50 personas en cajeros automáticos tratando de sacar dinero. Nosotros tenemos un corralito bancario de manera implícita desde hace meses, el Gobierno controla lo que le da la gana, nosotros no podemos comprar, ni dólares ni bienes, todo es escaso”, explicó.

Oliveros también señaló que Maduro sigue saltándose las facultades de control del Parlamento, porque ahora tendrá acceso a derogaciones cargadas al Tesoro Nacional, sin la aprobación del Parlamento.

Es justo esta instancia quien tenía la potestad de aprobar o rechazar el decreto. Sin embargo, el documento establece que también será enviado al Tribunal Supremo de Justicia (dominado por Maduro) para evaluar su constitucionalidad. De esta forma el Mandatario venezolano garantiza su legitimidad.