A todo ello podemos añadir las políticas de restricción de gasto público que están imperando en el marco de un enfoque estrictamente neoliberal en la lucha contra el déficit, que ha supuesto una reducción de personal y limites en la programación y en la financiación de inversiones de los medios de comunicación de carácter público.

Hay por tanto dos debates o grandes preguntas cruzadas sobre el futuro de las televisiones públicas: ¿es necesario contar con unos medios de comunicación públicos? Y, en caso afirmativo, ¿cual debe ser su dimensión y por tanto su financiación?

En mi opinión, una televisión pública es un servicio público que debe mantenerse en condiciones de calidad y suficiencia y , por tanto, añadiría que cualquier modelo de televisión pública no es defendible ni sostenible. Experiencias al respecto de modelos negativos tenemos bastantes en nuestro país. Y también tenemos experiencias –aunque lamentablemente cortas en el tiempo– de un modelo de televisión pública de calidad, independiente, profesional y razonablemente sostenible. Por ello, a la hora de defender la necesidad y la sostenibilidad de un modelo de televisión pública, me voy a basar en la experiencia que viví de manera directa, como miembro del Consejo de Administración de RTVE, entre principios del 2007 y finales del 2011.

Vivimos en una sociedad en la que, junto a la innovación puramente tecnológica, hay también una constante innovación en las formas de  comunicación. La ciudadanía exige información y entretenimiento, con una oferta muy diversificada, de manera inmediata, fácil y, a ser posible, interactuando. Por tanto, la televisión pública debe responder a  esas demandas. No puede ser un instrumento de difusión de las políticas de un gobierno o de una ideología, ni puede ser aburrida ni encorsetada, ni tampoco ignorar la diversidad de gustos y expectativas de los espectadores y, por supuesto, tiene que ser capaz de aprovechar e incluso pilotar la aplicación de los cambios tecnológicos. La televisión pública debe aspirar a liderar las audiencias, aunque no a cualquier precio en su coste ni en el enfoque de la programación. 

El ejemplo del periodo 2007-2011

¿Es esto posible? Vuelvo a insistir, durante un periodo de tiempo fue posible en RTVE. Para empezar, se evitó el control gubernamental en los servicios informativos y no fue porque desaparecieran las presiones –que haberlas las hubo y algunas de gran intensidad–, pero se pudo resistir y los servicios informativos ganaron en credibilidad, colocándose a la cabeza de las audiencias. En segundo lugar, se ofreció una parrilla muy diversa que respondía a los intereses de la inmensa mayoría del público: programas de entretenimiento, series, cine, teatro, música, concursos…y además cuatro canales especializados: infantil-juvenil, deporte, noticias y cultura.

En tercer lugar, se apostó decididamente por la innovación permanente en los formatos y en la manera de generar y trasladar la programación, una televisión interactiva, adaptada a los nuevos instrumentos de recepción: ordenadores, tablets, móviles y relojes. Esto se hizo teniendo muy presente que hoy el público joven –y dentro de muy poco la mayoría de la población– recibirá la información, la programación y, por supuesto, el acceso a la base de archivos existente, por medios distintos a lo que ha venido siendo el tradicional aparato de televisión.

Todo ello se mantuvo sobre varios pilares: un equipo de profesionales de primera magnitud, en los que prevalecía su identificación con el servicio público por encima de su nomina; un Presidente de la Corporación (Luis Fernández) con gran experiencia, con ideas claras, en absoluto partidista o sumiso al gobierno; un Consejo de Administración muy plural, con importantes competencias de control y proposición; unas reglas de juego que marcaban objetivos e instrumentos –desde la ley 17/2006, hasta el Contrato Programa, los Principios Básicos de la programación de RTVE, el Manual de Estilo de la Corporación RTVE, la Regulación del Derecho de Acceso ola Regulación de la protección de los derechos de los menores–; el Consejo de los Servicios Informativos; el Defensor del telespectador, etc. También la obligación de comparecencia mensual del Presidente de la Corporación a rendir cuentas en una Comisión especifica de las Cortes.

Por tanto, innovación, independencia, diversidad, calidad, profesionalidad, normativa garantista de los derechos de los profesionales y del publico; y a todo ello se añadía el apoyo a la industria del cine español con la cofinanciación de proyectos cinematográficos de interés y calidad.

Presente y futuro de la televisión pública

Este modelo, desgraciadamente, quedó abandonado tras la llegada al gobierno del PP y las sucesivas reformas y medidas que fue adoptando, que supusieron una involución hacia un medio partidista, un descenso absoluto de la calidad y una caída de la audiencia que todavía no se ha detenido.

En definitiva, la experiencia nos demostró cual era y cual puede ser la función de una televisión publica como servicio público de información y entretenimiento. Es evidente que unos medios audiovisuales públicos tienen un coste de cierta envergadura, que tienen diversas formulas de financiación en los estados de la Unión Europea. En España se optó en el año 2008 por una formula innovadora de financiación mixta por los Presupuestos Generales del Estado y por aportaciones de entidades privadas de comunicación, (esto último a cambio de la supresión de la publicidad). El inicio del nuevo modelo de financiación coincidió con las restricciones presupuestarias y ha supuesto una progresiva insuficiencia y un deterioro gravísimo en la programación, inversiones, proyectos innovadores, etc.  Esta situación se acentuó a partir del año 2012. Por supuesto que los costes de funcionamiento de RTVE pueden y deben ser más aquilatados, optimizando instalaciones, equipos territoriales y estructura de personal –sin olvidar que el gasto en la televisión pública de ámbito estatal es muy inferior en España en comparación con otros países europeos–.

En este marco, en mi opinión, resulta más que discutible el mantenimiento de las televisiones públicas de ámbito autonómico, salvo en aquellas comunidades autónomas con lengua y características socioculturales propias –en las que, por su población, fuera conveniente su mantenimiento–, eso sí, con unas dimensiones mucho mas ajustadas que en la actualidad. En los demás casos se debería avanzar en una integración de cadenas públicas territoriales en la Corporación de RTVE, para que la programación de RTVE diera oportuna y adecuada cobertura y atención a las necesidades propias de cada ámbito autonómico, con el compromiso claro y concreto del respeto al pluralismo y la realidad diversa del conjunto de la sociedad española. Todo ello permitiría optimizar recursos materiales y personales y reducir sustancialmente costes.

En definitiva, hay necesidad de una televisión pública. Tiene un papel que cumplir y puede ser sostenible, pero hay que tener voluntad política para ello y, desde luego, conceder el protagonismo de la gestión a los profesionales experimentados y valiosos que tenemos en nuestro país.