La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha sufrido modificaciones puntuales, pero en esencia sigue siendo la misma y tiene que hacerse una nueva. Eso es lo que opinan los expertos: jueces, fiscales, académicos. De hecho, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, dijo que espera en la próxima legislatura se logrará un consenso para "una reforma de legislatura" en la Ley.
"Ha habido prácticamente ausencia de regulación, sólo el Tribual Supremo ha intentado llenar lagunas mediante jurisprudencia, pero eso no se puede llenar de esa manera eternamente, ya es hora de que los legisladores hagan una nueva ley, no se puede seguir con jurisprudencia a golpe de sentencia, para cada medida nueva", explica a bez.es Víctor Moreno Catena, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, catedrático de Derecho de en la Universidad Carlos III, donde dirige el Instituto de Justicia y Litigación 'Alonso Martínez', que organizó junto a la Fundación Fide, entre otras organizaciones, un Congreso Internacional sobre avances tecnológicos en la investigación del delito.
El juez de instrucción es una figura antigua, que no hay en otros país europeo
Víctor Moreno Catena
Unión de Abogados Penalistas
En 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por deficiente regulación en materia de intervención telefónica, pero España no dio respuesta a los déficits normativos en este sentido sino hasta 2015. "En el tema de investigaciones tecnológicas se ha avanzado, pero es necesario cambiar otros muchos aspectos, como desde el propio modelo de proceso penal, con un juez de instrucción que es una figura algo napoleónica, antigua, que no hay en otros país europeo", añade Moreno.
Si bien hay un consenso respecto a la necesidad de acabar con el juez de instrucción -el encargado de la formación del sumario en la jurisdicción penal-, algunos son resistentes y no lo ven claro. Pero son minoría. Esta figura es polémica debido a que sus detractores consideran, entre otras cosas, que ejerce una función de policía que suele avasallar los derechos individuales en sus investigaciones.
En este sentido, Moreno destaca que, además de acabar con la figura del juez de instrucción, hay que cambiar el propio sistema de instrucción y el sistema de formación del expediente. "Eso no necesariamente va a redundar en la agilización de los trámites o plazos de la Justicia, aunque quizás sí se logre eso, pero el objetivo no es ése, sino acabar con el reparto actual de los papeles en el proceso: es incompatible que un juez diga que se respeten los derechos del investigado y al mismo tiempo él sea quien le impute, le intervenga las comunicaciones", señala. Y no es sólo esto, sino que el resto de investigación carece de regulación.
"Hablar de garantías mientras exista la figura del juez de instrucción es inútil. Mientras exista un funcionario al cual la ley le da el encargo de sospechar de ciudadanos, no se puede pensar en un sistema garantista. Lo deseable sería que de eso se encargue la fiscalía", Nicolás González-Cuéllar Serrano, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
"Lo que ocurre es que un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que data de 1882- no es muy probable que suceda en un escenario de debilidad parlamentaria del partido de Gobierno en la próxima legislatura", señaló González-Cuéllar.
Además, González-Cuéllar Serrano dijo que una nueva Ley tendría que "regular la figura de la delación".
"En algunos asuntos, como la grabación aportada por parte de delatores, no existe la figura de colaborador eficaz que existe en el ámbito anglosajón, o como también se recoge en Italia y Alemania. Lo que hay son rebajas en penas por colaboración, pero hace falta avanzar más", explica.
Reformas tecnológicas
"La Ley de Enjuiciamiento Criminal no está en consonancia con la Constitución de 1978, ni con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea"
En 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha reformado y se ha establecido un marco legal para poder intervenir en conversaciones telefónicas: durante cuánto tiempo, con que garantías, y brindado una serie de elementos esenciales. "Sólo se ha modificado en una parte que el Gobierno ha entendido que es imprescindible, pero hay que cambiarla entera", explica Moreno, que piensa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está en consonancia con la Constitución de 1978, ni con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por eso, no le cabe duda que que este debe ser uno de los retos de la próxima legislatura, la elaboración de una Lecrim completamente nueva. Tanto el Gobierno del PSOE, en 2011, como el del PP, en 2013, hicieron sendos intentos, que no han fructificado por cuestiones políticas. "Esperemos que en la nueva legislatura haya una nueva sensibilidad al respecto", manifestó Moreno.
