La preocupación está justificada hasta cierto punto, ya que el importante desequilibrio financiero de la Seguridad Social no logra corregirse, a pesar de que desde hace ya algún tiempo mejoran las cifras de ocupados que cotizan al Sistema. Ese desequilibrio se manifiesta en que los ingresos en estos momentos no logran atender el gasto por pensiones y se está acudiendo al Fondo de Reserva reduciéndolo en cantidades tan elevadas que para finales del año próximo se habrá consumido por completo.

El desequilibrio, que supera ya el 10 % anual del gasto en pensiones, se debe a diversos factores, entre los que sobresalen tres: primero, el hecho de que el empleo que se está creando en porcentajes muy elevados lo es a tiempo parcial y con bajos salarios, lo que provoca que las cotizaciones no se incrementen en la misma proporción que empleo; segundo, el dato de que estamos fuertemente condicionados por una economía globalizada en la que la competencia internacional dominante impide una corrección del desequilibrio por la vía del aumento sustancial del peso de las cotizaciones en el coste del trabajo; finalmente, porque ahora comienza a jubilarse la generación del baby boom, con una elevada esperanza de vida, lo que aumenta notablemente los costes.

Un sistema vivo

Ahora bien, que la situación sea preocupante no quiere decir que nos enfrentemos a problemas estructurales que afecten a la raíz del modelo, que se trate de causas irreversibles, ni que por tanto el sistema se encuentre herido de muerte. En el pasado hemos superado otras situaciones de tanta gravedad y se han superado con decidida voluntad política de conservación del Estado social. Si este se ha podido gestionar con solvencia en el pasado dentro de una sociedad más pobre y menos desarrollada, no puede transmitirse de forma machacona el mensaje de que el modelo de solidaridad del pasado no es posible mantenerlo. Al final todo depende de cuál sea el modelo de sociedad que queramos construir, pues todo está en función del grado de distribución de la riqueza que la sociedad esté dispuesta a asumir.

Lo que no se puede hacer es, con pasividad, dejar que el escenario se pudra, para llegar sin respuestas al momento crítico del agotamiento del Fondo de Reserva, adoptando entonces medidas leoninas que no se justifican en modo alguno. Incluso es falso pensar que derrumbando el actual sistema de pensiones se favorecerá el ahorro a través de la alternativa de los fondos de pensiones, pues resulta prácticamente nula la capacidad de ahorro privado de la población más débil, más allá del pago de la hipoteca de su vivienda; en suma, el escenario alternativo solo sería el de un elevado incremento de las desigualdades sociales y una situación de enorme empobrecimiento de las generaciones mayores.

Corregir el desequilibrio

No cabe la menor duda de que es posible adoptar medidas de corrección del desequilibrio, sin necesidad de proceder a reducir el nivel actual de los beneficiarios de las pensiones y su cuantía, que no es desmesurado respecto del contexto europeo y son posibles cambios que incidan en los ingresos y en el control de quienes pueden acceder a las pensiones, sin tener que bajar los actuales niveles de protección social. Sin poder entrar en mayores detalles, cabe que vía impuestos se asuma parte del coste de las pensiones contributivas, por ejemplo la parte relativa a su revalorización por el incremento del coste de la vida; la posibilidad de eliminar los topes máximos de cotización para los salarios más elevados sin necesidad de modificación de la cuantía máxima de las pensiones; una mayor incompatibilidad entre pensiones por viudedad y ciertos trabajos suficientemente retribuidos; sin olvidar la necesidad de lograr una mejora del mercado de trabajo, en clave de ocupaciones de mayor calidad que proporcionen como efecto derivado un incremento global de las cotizaciones. Con ello bastaría para sanear el sistema, sin necesidad de dar pábulo a los agoreros.