En un contexto de grave crisis económica, inflación desbocada, inseguridad ciudadana y escasez de bienes básicos, la amplia mayoría opositora lanzaban un mensaje directo al corazón del chavismo, que perdía el control de bastiones populares en favor de los partidos a los que sistemáticamente venía tildando de “oligarcas” y “plutócratas”.
El nuevo escenario pudo haber dado paso a una articulación política menos abrupta y polarizada, a un equilibrio institucional que permitiese afrontar en mejores condiciones los urgentes desafíos económicos. Una situación novedosa que, además, podría haber contribuido a forjar en el fuego de la práctica la “perfecta normalidad democrática venezolana” que siempre han esgrimido primero Chávez y ahora Maduro.
La otra posibilidad, sin duda menos halagüeña, incluía la posibilidad de un enrocamiento del chavismo en horas bajas y una utilización de los dispositivos del poder que aún conserva para anular la capacidad política e institucional de la oposición.
Desde diciembre, los acontecimientos parecen haber ido, desgraciadamente, en la línea de la confrontación. El último episodio en ese sentido lo constituye la extensión indefinida del decreto presidencial por el que se establecía, ya en enero, el Estado de Emergencia Económica (una modalidad del Estado de excepción).
Estado de excepción
Esta posibilidad, regulada en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción concede al presidente y al Consejo de Ministros la potestad de “dictar medidas de orden social, económico o político” más allá de las “facultades de que disponen ordinariamente los órganos del Poder Público”. “Ante situaciones objetivas de suma gravedad”, el Gobierno puede decretar medidas no sujetas al presupuesto anual, suspender temporalmente disposiciones legales que resulten incompatibles con las medidas dictadas, delegar poderes en autoridades no civiles, establecer la obligación a cooperar con las autoridades o movilizar a la Fuerza Armada Nacional.
El Ejecutivo presentó el decreto el pasado 14 de enero para que la Asamblea se pronunciase en plazo de ocho días
Como puede comprenderse, este tipo de medidas excepcionales requiere en cualquier sistema democrático de un justificación cualificada, una precisión de cirujano en cuanto a su alcance, límites y contenidos y de un control político reforzado para evitar abusos y que la excepción devenga norma. También en Venezuela, al menos con la Ley Orgánica en la mano. Esta establece que la Asamblea Nacional debe dar su visto bueno a estos paquetes de medidas extraordinarias para su entrada en vigor con fuerza de ley.
Siendo así, el Ejecutivo de Maduro presentó el decreto el pasado 14 de enero para que la Asamblea se pronunciase en plazo de ocho días.
Rechazo de la Asamblea nacional y la pugna en el Supremo
La Asamblea rechazó el paquete apelando a su trasfondo político autoritario, a la ausencia total de diálogo en la propuesta presidencial, a su no proporcionalidad y por estar dirigido a limitar la rendición de cuentas, presentando en su lugar una serie de políticas de choque alternativas.
El “no” de la Asamblea no detuvo al Gobierno, que acudió al Tribunal Supremo para puentear el rechazo. El papel de esta institución, máximo órgano del Judicial, constituye un argumento más en la disputa entre Gobierno y oposición: sobre todo desde su última renovación poco después de que el Partido Socialista Unificado de Venezuela perdiera las mencionadas elecciones de diciembre, momento en que el oficialismo nombró a 13 magistrados afectos antes de que la nueva Asamblea tomara posesión tras el parón navideño.
La Asamblea rechazó el paquete apelando a su trasfondo político autoritario
Sobre el decreto presentado el 14 de enero y rechazado por la Asamblea el día 22 del mismo mes, el cuestionado tribunal sentenció que "el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta a la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos" contraviniendo lo establecido en la propia Ley y encendiendo las iras de una oposición que en los últimos meses ha visto tumbada por este mismo organismo la ley de Amnistía a presos políticos y mermada su capacidad de control sobre el resto de poderes públicos cuando se disponía a investigar posibles casos de corrupción.
La prolongación del estado de excepción en unos términos imprecisos, bordeando el efectivo control democrático y con un sostén constitucional cuando menos dudoso, tensiona la institucionalidad democrática del país. Hacerlo aduciendo supuestos planes golpistas orquestados desde el exterior (en coordinación con la correspondiente quinta columna) polariza a la sociedad hasta extremos que deberían preocupar a la comunidad internacional y particularmente a las instituciones de cooperación e integración americanas.
Referéndum revocatorio
Recientemente varios líderes de la oposición han decidido sostener el pulso y dar un salto cualitativo mediante la puesta en marcha del procedimiento para destituir a Maduro (apoyados en más de un millón de firmas).
A propósito del posible revocatorio se abre un nuevo frente político, que envuelve desde ya a otra institución-árbitro que la oposición considera igualmente sesgada a favor del Gobierno: el Consejo Nacional Electoral (CNE)
El largo camino hacia el referendo revocatorio, el papel que juegue el CNE en la gestión de los tiempos (cuestión muy relevante) y la posible aparición de divisiones en el seno del partido gobernante ante una situación cada vez más insostenible pueden añadir nuevos elementos de inestabilidad en el país.
Mientras, la economía, los servicios y la convivencia continúan deteriorándose sin freno en una de las naciones más ricas de América Latina.
