El gran muro de contención que tiene la Ley de Amnistía se llama poder ejecutivo. Nicolás Maduro ha manifestado su rechazo categórico en reiteradas ocasiones, pero la noche de este martes el fallo fue decisivo. Durante el debate legislativo, que duró más de siete horas, el presidente venezolano inició una transmisión conjunta y obligatoria de radio y televisión -cadena, como la llaman en Venezuela-, que impidió la transmisión de la sesión en vivo.
La cadena tenía como objetivo transmitir la firma presidencial de una convención colectiva laboral, sin embargo, Maduro no dejó de hablar de lo que en ese momento hablaba la opinión pública nacional. “Tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Que lo sepa la derecha nacional e internacional. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán. Por aquí no pasan. Hagan lo que hagan”, enfatizó el jefe de Estado.
En Palacio
La Constitución venezolana establece en su artículo 214, que, tras ser sancionada por la Asamblea Nacional -Congreso-, la ley debe ser enviada al presidente de la República para su revisión, firma y promulgación en Boletín Oficial. Por ello, la Ley de Amnistía amaneció hoy en el despacho presidencial del Palacio de Miraflores donde espera por la rúbrica de Maduro.
Existen cuatro escenarios que se pueden dar a partir de ahora, según explica a bez.es el abogado constitucionalista, Pedro Alfonso del Pino. “El primero es que Maduro firme y promulgue la ley sin mayor problema, ese es el menos probable”.
El siguiente escenario es que el presidente meta la ley en un cajón y no se pronuncie al respecto. De ser así, Del Pino sostiene que la Carta Magna faculta al Parlamento para promulgar la ley, si en los próximos 10 días después de ser entregada al Ejecutivo, este no se ha manifestado.
La ley debe ser enviada al presidente de la República para su revisión, firma y promulgación en Boletín Oficial
El tercer escenario es que Maduro vete el texto jurídico. Para ello debe organizar un Consejo de Ministros y ofrecer argumentos políticos sobre las razones por las que él considera que la ley es impromulgable. Posteriormente, el documento debe ser devuelto al Congreso con las recomendaciones presidenciales y la cámara evalúa si acoge o no las sugerencias, luego la envía nuevamente a Presidencia para su promulgación, si Maduro insiste en negarse a su publicación en el Boletín Oficial, entonces la Asamblea Nacional nuevamente está facultada para promulgarla. “Los argumentos del Ejecutivo en este caso deben ser únicamente políticos, no legales”, acota el constitucionalista.
Y es que la parte legal le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que puede interferir a solicitud de Maduro y he ahí el cuarto escenario: “La Sala Constitucional puede hacer un control previo de la ley -antes de promulgarse-, si así lo solicita el presidente. De sentenciar que el proyecto es inconstitucional, hasta allí llegó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, no hay más nada que hacer”, aseguró el jurista.
Afectados
La intransigencia de Maduro causa preocupación entre los familiares y en los propios presos políticos. Por ejemplo, Lilian Tintori, esposa del dirigente venezolano Leopoldo López, quien lleva dos años y un mes detenido en una cárcel militar, cree que Maduro tiene la oportunidad de reivindicarse, respetar las garantías constitucionales y la separación de poderes.
La esposa de López considera lamentable que Maduro aspire pasar por encima de la institucionalidad
“Toda Venezuela, el continente y los países del mundo que se han pronunciado a favor de nosotros están esperando la promulgación. Al firmar esta ley, Maduro está dando un paso al entendimiento, al dialogo y a la paz para los venezolanos”, dijo la esposa del político, en conversación con bez.es. Tintori aseguró que López está ansioso de ver la luz del sol permanentemente, caminar a donde desee y retomar la vida que durante estos 24 meses le ha sido amordazada en una celda que tiene condiciones infrahumanas, según han denunciado sus familiares.
Ante las declaraciones de Maduro, la esposa de López considera lamentable que Maduro aspire pasar por encima de la institucionalidad. A su juicio esto demuestra que en Venezuela no hay autonomía de poderes ni democracia.
La otra cara
Hay un grupo de civiles en contra de esta ley. El Comité de Víctimas de las Guarimbas, una coalición de afectados y familiares afectados por las protestas estudiantiles de 2014.
Desireé Cabrera forma parte de este grupo y asegura que la ley ampara a terroristas, aunque durante el debate parlamentario se expuso que el texto jurídico no contempla amnistía para faltas como: corrupción, narcotráfico, terrorismo y delitos comunes. Esta coalición pro Gobierno fue llamada por el Congreso, cuando se hicieron consultas públicas sobre la ley y, según la diputada Delsa Solórzano, se negaron a asistir. “A nosotros nunca nos llamaron, pero igual siempre hemos estado en contra de la Ley”, enfatizó Cabrera.
