Nos volvieron a repetir los sombríos presagios para 1990, para el 2000, para el 2010 y ahora sitúan la hecatombe para el año 2025. El nuevo mantra es que el Fondo de Reserva esta disminuyendo a pasos agigantados y que a la vuelta de pocos años habrá desaparecido, con la consecuencia del impago, total o parcial, de las pensiones.
Lo que por cierto no nos han contado es cuáles han sido los resultados de los fondos y planes privados de pensiones en estos últimos 35 años, cuál su rentabilidad, cuánto el tiempo medio que se han percibido y la relación entre la aportación y lo cobrado. Ni tampoco nos han hablado de aquellos que han supuesto un notable fiasco para los confiados aportadores.
Es evidente que los cambios demográficos y económicos tienen una gran incidencia en el sistema de pensiones
En mi opinión hay varias razones que explican que esa profecía, 38 años después, no se haya cumplido.
La Seguridad Social, gracias a una buena gestión, estimulada y apoyada por CCOO y UGT, y la realización de numerosas y sucesivas reformas, unas de mayor calado que otras, ha ido adaptándose a la realidad demográfica, económica y social de nuestro país. Esas reformas, no siempre bien explicadas ni bien comprendidas, han permitido ir modificando las bases de cotización, las fuentes de financiación, las exigencias de cotización minima y las formas de cálculo y revalorización de las pensiones iniciales, etc. Se ha actuado sobre los ingresos y sobre los gastos, en general sin dañar derechos adquiridos y ampliando el colectivo protegido.
Es evidente que los cambios demográficos y económicos tienen una gran incidencia en el sistema de pensiones y que se puede resumir en: “más pensionistas, cobrando más años y con pensiones más altas”. Por tanto será absurdo o irresponsable ignorar esta realidad.
El futuro de las pensiones
A la hora de abordar qué hacer en el futuro, lo primero es subrayar que el sistema público de pensiones, que supone más del 10% del PIB y afecta a casi 10 millones de personas y sus familias, es una cuestión de Estado de enorme trascendencia. Una sociedad democrática avanzada no es imaginable sin un sistema de transportes públicos, de red eléctrica, de saneamiento, o de protección a la salud. Pues lo mismo en lo que se refiere al sistema público de pensiones. Salvo que se pretenda excluir de la sociedad a más del 20% de la misma y pronto al 25%, lo que tendría unos costes económicos, sociales y desde luego políticos, que ni siquiera los partidos conservadores podrían asumir.
Esto quiere decir, como primera cuestión, que si llegado el caso fuera necesario financiar parcialmente el sistema de pensiones a través de los impuestos generales, no habría que dudar en hacerlo, como sucede con otros derechos y servicios públicos.
Si llegado el caso fuera necesario financiar parcialmente el sistema de pensiones a través de los impuestos generales, no habría que dudar en hacerlo
En segundo lugar, el actual modelo de ingresos y gastos, aun permite actuar de forma eficaz en la mejora de los mismos. Es evidente que el incremento del empleo y por supuesto de los salarios bajos y medios y por tanto de las cotizaciones, es una vía fundamental, pero no exclusiva. Hay todavía en torno a un 20% de empleo sumergido y una bolsa de irregularidad en cotizaciones por ingresos no declarados, tanto en el Régimen General como en el de Autónomos o los Especiales.
Luchar contra la economía sumergida y las practicas fraudulentas en las cotizaciones es difícil y a veces políticamente molesto, pero no imposible, como quedó demostrado a finales de los años 80 y 90 del siglo pasado con la creación de las Unidades de Recaudación de la Tesorería General y el reforzamiento de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
Hay margen también para establecer criterios más diferenciados en el cálculo de las cotizaciones empresariales, que no penalicen las empresas intensivas en mano de obra y que tengan en cuenta la productividad y el valor añadido. En otras palabras no tienen porque cotizar con los mismos criterios las pequeñas tiendas de comestibles o los talleres que el Banco Santander, Zara o Amazon.
En lo que se refiere a los gastos, además de seguir restringiendo aun más las diversas formulas de prejubilación, habría que abordar la exclusión del ámbito de la Seguridad Social contributiva, prestaciones que o bien responden a realidades en proceso de profundo cambio como las pensiones de viudedad (instrumento de protección en una época en la que la incorporación de la mujer al empleo era muy reducida) o las diversas prestaciones familiares; en ambos casos deberían tener otros cauces de financiación alternativos a la Seguridad Social contributiva.
A todo ello habría que sumar un control más riguroso sobre las Mutuas de Accidentes de Trabajo, garantizando una mayor transparencia, eficacia en la gestión, optimización del conjunto de los recursos públicos sanitarios y más efectiva separación de funciones netamente privadas de lo que son las finalidades propias y básicas de las Mutuas como instrumentos de la Seguridad Social.
Hay muy diversas y eficaces formulas para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones
Igualmente habría que revisar y replantear la amplia gama de reducción o exención de cotizaciones empresariales ligadas a determinados contratos, cuya efectividad a menudo no esta demostrada.
Por ultimo no hay que descartar la propia modificación al alza, de forma escalonada en el tiempo, de los tipos de cotización de los trabajadores, bien sea de manera voluntaria u obligatoria. Estoy convencido que es una medida, que bien argumentada y con transparencia en su ejecución, sería asumida por la inmensa mayoría de la población trabajadora.
En definitiva hay muy diversas y eficaces formulas para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones. Cuestión bien distinta es que haya voluntad política para hacerlo. Un gobierno de cambio progresista, como el que parece demandar la ciudadanía tras el 20-D, debería afrontarlo como una tarea prioritaria.
